Regular el bien morir ¿un brindis al sol?

Conociendo la trayectoria de Pilar Farjas, su nombramiento como nueva Secretaria general del Ministerio de Sanidad ensombrece de forma importante la posibilidad de que se produzcan avances en la regulación del bien morir. Sospecho, por tanto, que mi tribuna en El País de hace unos días se quedará como un gran brindis al sol. Pero lo dicho, dicho queda. 

Regular el bien morir, tarea pendiente

“Desempleo”, “mercado”, “deuda”, “crédito”: estas palabras dominan nuestras vidas y nos hacen olvidar otras que no podemos ni debemos desatender. Una de ellas es “muerte”. La muerte es inseparable del hecho de la vida. Por eso, con crisis o sin crisis, conviene que nos ocupemos y preocupemos por tratar de que cuando nos alcance, lo haga de un modo plenamente humano, digno. 

La sociedad española alumbró este debate hace ya más de 15 años, cuando vimos y oímos por primera vez a Ramón Sampedro en la televisión. Y desde entonces, el debate no ha cesado. Por ello no podemos consentir que la crisis lo cercene. 

Andalucía, con su Ley 2/2010, llamada “de muerte digna”, tuvo el mérito incontestable de separar el debate en dos partes diferenciadas. Una tiene que ver con la regulación de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, hoy por hoy delitos tipificados por el Código penal. La otra parte del debate tiene que ver con el resto de prácticas sanitarias relacionadas con la atención a la muerte, como los cuidados paliativos, el tratamiento del dolor, la sedación paliativa, el rechazo de tratamiento o la limitación del esfuerzo terapéutico. 

La ley andaluza y sus clones navarro y aragonés, clarificaron de forma decisiva la primera parte, renunciando, como no podía ser de otra manera por falta de competencia jurídica, a tratar de legitimar dichas intervenciones. Pero regularon ampliamente la segunda parte, contribuyendo a dotar a la ciudadanía de amplios derechos y garantías de respeto a su dignidad en el proceso de muerte.

El Ministerio de Sanidad de la pasada legislatura tardó demasiado en convencerse de que los comentarios despectivos hacia estas leyes autonómicas, que las tildaban de innecesarias, laxas o meramente propagandistas, provenían de sectores profesionales o grupos ideológicos más inclinados a proteger sus propios intereses que los de los pacientes terminales y sus familias. Por su tardanza, el Proyecto de Ley estatal quedó embarrancado en el adelantado final de la legislatura. Pero el nuevo Gobierno no debería dejarlo tirado ahí. Los ciudadanos extremeños, canarios o catalanes tienen que disfrutar de los mismos derechos y garantías que los andaluces, navarros o aragoneses. 

Si, como sucedió en Andalucía donde la ley se aprobó en el Parlamento autonómico por unanimidad –salvo en tres artículos-, se consigue que primen los intereses generales sobre los partidistas, tramitar y aprobar una ley estatal sería posible. Sólo hace falta la voluntad política y el liderazgo del grupo mayoritario del Congreso para lograrlo. Los profesionales, los pacientes y sus familias se lo merecen. 

Una vez hecho esto quedaría entonces por abordar la otra parte del debate, la regulación de la eutanasia y el suicidio asistido. Es cierto que esta sí es una cuestión controvertida y en la que seguramente el Gobierno actual no deseará entrar por razones obvias. Pero no deberían olvidar que los estudios más solventes señalan que en torno al 60% de los ciudadanos españoles apoyaría la regulación de la eutanasia. Una parte de ellos son, obviamente, actuales votantes del Partido Popular.

Imagen: Pawel Kuczinski