Mientras sigue nuestra estancia académica en el Centro de Ética y Derecho Biomédico de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) ojeo las versiones digitales de los medios de comunicación españoles para saber cómo va el ruedo ibérico. Hemos venido aquí para tratar de comprender qué ha pasado en estos 8 años de vigencia de la Ley de Eutanasia, aprobada en 2002 por este país de profunda cultura católica. Creemos que su experiencia será para nosotros, en el futuro, mucho más importante que la tan conocida y citada experiencia holandesa. Pero no es este es el tema que quiero abordar.
La cuestión es que al ojear los medios me ataca la noticia de que la Ley de salud sexual y reproductiva está pendiente de un hilo. Resulta que uno de los magistrados del Tribunal Constitucional, antiguamente adscrito al llamado “sector progresista”, ahora no tiene claro qué votará en la sentencia sobre el recurso presentado ante el alto Tribunal por el Partido Popular, por sus convicciones “católicas”. Comento el tema con mis colegas de esta Universidad y lo único que les suscita es..., sorpresa. Ellos tienen claro que viven en una sociedad presidida por el “hecho incuestionable del pluralismo” (Rawls). Para ellos, aceptar esto exige asumir que no se tiene la verdad absoluta en cuestiones morales y que, por tanto, un proyecto viable de sociedad precisa buscar acuerdos basados en valores éticos ciudadanos que permitan la convivencia.
Esta misma actitud mantienen ahora, cuando el país se enfrenta a una profunda crisis política motivada por las dificultades de entendimiento que existen entre las comunidades flamenca y valona. Por eso entienden que el verdadero proyecto católico no es defender la propia “moral católica”, sino fomentar el encuentro desde el compromiso en la defensa de la dignidad de la vida y la muerte de las personas. Esto les llevó en su día a participar activamente en el proceso de redacción de la Ley de Eutanasia y, más tarde, a emitir recomendaciones a los hospitales católicos belgas -¡que son la mayoría de los hospitales de la región flamenca!- acerca de cómo y en qué circunstancias aplicar dicha Ley.
Pero esta actitud no es excepcional. Lo cierto es que los propios obispos belgas se mantuvieron en un discreto segundo plano. Estaban en contra, obviamente, por coherencia con el Magisterio. Pero nunca dieron una batalla tan feroz como la que la Iglesia ha dado en España ante la llamada reforma de la ley del aborto –batalla que no dio, por cierto, en los 8 años de gobierno del Partido Popular-. Y por supuesto, según me dicen aquí, ningún obispo llamó a los profesores de Lovaina para decirles lo que debían pensar o escribir, cosa que no puede decirse precisamente de los obispos españoles respecto a los centros de bioética de sus Universidades o Facultades de Teología. El respeto a la libertad académica es aquí total. Puede decirse por tanto que en la sociedad belga la separación entre Iglesia y Estado es completa. Así lo entienden y lo exigen tanto los propios ciudadanos belgas, sean o no católicos, como los obispos, como los políticos.
No tengo tan claro que en España estemos en este punto. Y el posicionamiento del magistrado del Constitucional me lo confirma. La constitucionalidad de una Ley debe evaluarse con la Constitución en la mano, no con las Encíclicas papales en la mente. Los funcionarios públicos deben tomar decisiones basadas en el interés público, no en sus presupuestos morales privados. Si no son capaces de separar una cosa de otra, entonces deben dimitir. Así lo hizo, aunque sólo fuera transitoriamente, el Rey Balduino de Bélgica cuando se aprobó la Ley del aborto: sabía que no podía ni debía oponerse a una ley apoyada por la mayoría de los ciudadanos. No entender ni aplicar estos conceptos constituye, a mi modo de ver, un ataque frontal al pluralismo, al bien común, a la esencia de la democracia. No es que nuestro alto Tribunal esté como dar mucho ejemplo de nada, gracias a la inestimable colaboración de los partidos políticos, pero me resulta impensable que un magistrado del Constitucional pueda permitirse incurrir en un error tan grave. ¿No?, o ¿sí?... ¡Que Dios nos proteja de tanto desatino!
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Hay tres asuntos que dividen profundamente a los españoles: el mapa autonómico, el aborto y los toros. Los dos primeros ya han llegado al Tribunal Constitucional (TC), el tercero llegará con el tiempo. A los tres les espera la misma suerte; demora, confusión y posicionamientos inverosímiles.
ResponderEliminarEl modelo de elección y renovación del TC es un fracaso renovado con responsabilidad absoluta de PSOE y PP. Curiosamente mejor nos iba cuando había representación de las minorías nacionalistas.
Desde mi punto de vista en España el problema radica en una tradición personal y grupal de monopolio ético y superioridad moral. Todos nos arrogamos el derecho a imponer nuestras convicciones, sin entender como inevitable la pluralidad moral de la sociedad. Se ha aceptado la pluralidad ideológica pero nos cuesta mucho dar el salto a la moralidad.
A Eugenio Gay, el magistrado en cuestión, le tienta la imposición moral. España y nosotros somos así.
miguel melguizo jiménez
A mí esta noticia me resulta más bien de una alta salud democrática. En un país donde la férrea disciplina de voto coarta ampliamente los matices que los distintos políticos pudieran introducir en la interpretación de las normas a aprobar, encuentro fantástico que dos magistrados conservadores se unan a los progresistas en un argumento y viceversa. Por otro lado, la diametral división del Constitucional en este tema no es sino un reflejo de las mismas proporciones que encontramos en la sociedad (ver encuesta CIS 2008 al respecto). A mí me preocuparía si Eugenio Gay se opusiera al aborto alegando únicamente un problema de conciencia. Pero no creo que sea ese el caso. El meollo de la cuestión se halla en la interpretación que distintos magistrados pueden hacer lícitamente de una misma norma, en este caso la constitución. Y en mi parecer, se puede perfectamente defender a la luz de la doctrina constitucional que la nueva norma del aborto puede no ser compatible con la adecuada protección que un feto humano merece. Y que no se nos olvide, el texto de la Constitución es uno, pero todos y cada uno de nosotros accedemos a su interpretación desde nuestra particular historia personal, por ello los creyentes no deben partir con sospechas a las que otros colectivos se creen inmunes. La clave está en comprometerse a desvelar juntos el verdadero espíritu de la Constitución por encima de intereses o visiones particulares. Mientras eso ocurra, nada nos debe alarmar (y viceversa)
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